El Barcelona paga solo 602 euros por el fichaje de Julián Álvarez
El organismo rector del fútbol español ha cerrado uno de los expedientes disciplinarios más extraños de la temporada, y la cifra con la que termina es la noticia. El Barcelona deberá pagar 602 euros después de que el Atlético de Madrid denunciara que el club catalán abordó al delantero Julián Álvarez cuando aún tenía contrato en el Metropolitano. La federación abrió una investigación especial a finales de julio. La resolución, conocida este martes, la cierra con un pago inferior al de un teléfono inteligente de gama media.
El tamaño de la multa es lo que hace que el caso merezca leerse. En el fútbol, el tapping up —abordar a un jugador sin el permiso de su club— se considera una infracción grave del sistema de traspasos, de esas que pueden envenenar las relaciones entre clubes durante años y, en ocasiones, acabar en los tribunales. Aquí la sanción se parece más a una multa de aparcamiento. Para un club de la escala del Barcelona, 602 euros equivalen aproximadamente al precio de unas cuantas entradas, no a un elemento disuasorio.
El matiz competencial explica parte del asunto. El Atlético llevó primero la denuncia a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, que declinó conocer el caso al considerar que carecía de jurisdicción. El asunto recayó entonces en la federación española, que tramitó su propio procedimiento y llegó a la modesta cifra. Esa secuencia —el organismo superior se inhibe, el nacional se encarga, la sanción sigue siendo mínima— recuerda lo desigual que es la aplicación de las normas de traspasos según dónde se presente la disputa.
Álvarez es el tipo de jugador por el que los clubes se interesan pronto. El delantero argentino, campeón del mundo, ha sonado para salir del Atlético, y el interés del Barcelona nunca fue un secreto. La denuncia sostenía que hubo contacto antes de que se autorizara cualquier acuerdo, y ahí es donde muerde la cuestión del tapping up: los clubes pueden elogiar públicamente a un jugador, pero las negociaciones privadas deben esperar a que su empleador acepte venderlo.
El caso coincide además con una semana informativa muy cargada para el Barcelona. El expresidente del club, Gasparat, ha concedido entrevistas sobre el casi Balón de Oro de Lamine Yamal, sosteniendo que el joven extremo fue el mejor jugador del mundo y debería haber ganado. Yamal acabó tercero en Londres y, según informaciones de la prensa española, se consoló con una visita a McDonald’s tras la ceremonia, después de haber preparado material de celebración por si ganaba. La atención del Barcelona, al menos en público, está en las urnas y no en la multa.
Para el Atlético, el resultado es un veredicto agridulce. Su denuncia prosperó en principio —la federación aceptó que había motivos para responder—, pero el golpe económico es insignificante. Este tipo de denuncias suelen buscar tanto dejar constancia como sacar dinero, y el Atlético cuenta ahora con una resolución formal a la que puede remitirse si el culebrón Álvarez continúa.
Lo que ocurra después es sobre todo administrativo. El Barcelona paga, el expediente se cierra y el mercado de fichajes hace su trabajo habitual de convertir el agravio en negociación. La pregunta más interesante es si la pequeña sanción animará a los clubes a tantear el límite con más libertad, sabiendo que el coste de ser pillado se mide en cientos y no en millones de euros.
Para el lector global, la lección es cómo funcionan de verdad las reglas del fútbol. La cifra que titula un caso de tapping up rara vez es el castigo; es la valoración del jugador por el que todos discutían. El valor de mercado de Álvarez ronda las decenas de millones, y la multa por abordarlo sin permiso ronda los cientos. Esas dos cifras en el mismo párrafo dicen casi todo lo que hay que saber sobre la brecha en la aplicación de las normas.